Revista Papalote

Por Catalina Gaete Salgado

Los códigos son herramientas con las que cuentan las sociedades para organizarse, resguardar el orden y la armonía en diferentes aspectos sociales. Los códigos penales responden a esta premisa principal y fijan, a grandes rasgos, las leyes supremas de lo lícito y lo ilícito.

El código penal de la República de Chile data de 1874, por lo que podemos comprender que en él aún existen regulaciones, normas y sentencias penales que en la actualidad están totalmente obsoletas. En esta realidad pensamos cuando Revista Papalote decide embarcarse en la investigación de la Ley de la Gallina.

Debido a la antigüedad de nuestras legislaciones, un rumor, como todos, de desconocida procedencia, surge entre las voces de nuestra sociedad: el robo de una gallina, según nuestro longevo código penal, seria motivo de severas penas, las que serían incluso más duras que un crimen cualquiera.

¿Es posible que nuestras leyes carezcan, a tal nivel, de actualización y revisión?
Pues no. Aunque no todas, nuestras leyes si se actualizan por medio de mociones parlamentarias que deben ser abordadas, aprobadas o rechazadas en el congreso.

Así ocurrió con la Ley de la Gallina; ley que nunca fue tan explícita; que nunca otorgó mayores sentencias al robo de un pollo que al asesinato de una persona y que fue objeto de modificaciones y actualizaciones durante el año 2006.
El artículo 449 de nuestro código penal establece que: “En los casos de robos o hurtos de vehículos, de caballos o bestias de silla o carga, de ganado mayor o menor o porcino, podrán ser aplicadas respectivamente a los autores, cómplices y encubridores, las penas superiores en un grado a las que les hayan correspondido sin la circunstancia de tratarse de la substracción de animales”. Estas penas que son mencionadas en el artículo 449, corresponden al artículo anterior (448), donde se establecen las sentencias por cometer el delito de hurto; sentencias especificadas con presidio y gravedad (grado). Estas sentencias son adjudicadas según el valor del objeto que se ha robado. Entonces, como hemos evidenciado, en la ley nunca se utiliza el término gallina, y cuando se habla de animales, se les denomina como bestias o ganado, sin importar qué animal sea, sino cuánto es el valor de tal animal.
Las condenas permanecen en el presidio menor en sus grados de medio a máximo sólo si el objeto robado es avaluado en más de 40 UTM (Unidad Tributaria Mensual). La sentencia va disminuyendo en grado y en pago mensual de unidades tributarias; sentencias que, claramente, no superan las sentencias de un crimen cualquiera, los que comienzan con presidio máximo.
Esta ley, como todas las que componen nuestro código penal, busca desincentivar la realización de un delito o infracción por medio de sentencias. Este delito conocido como abigeato –robo de ganado- era más usual durante los años en los que nace el código penal, momento en el que Chile se componía principalmente de haciendas, las que explotaban la ganadería y vivían gracias a estas actividades, por lo que el robo de uno o varios ejemplares debía ser sancionado.
Sin embargo, el artículo 449 de nuestro código penal fue modificado el año 2006, bajo la moción de diez diputados, entre los cuales se encuentra Pablo Longueira. Esta modificación responde a que las penas establecidas en el artículo 449 del código penal eran tan bajas y poco rígidas, que el abigeato se volvió una practica recurrente en sectores rurales de nuestro país.
Ahora, los artículos modificados se concentran en la ley 20.090 y consideran el término abigeato –nunca antes mencionado en el código penal- el cual engloba todo hurto de ganados y se han aumentado la gravedad de estos delitos.
No obstante, dentro de la investigación realizada surgen interrogantes paralelas que han encontrado respuestas en un joven abogado. Rocío Salgado, abogada egresada de la Universidad Alberto Hurtado, nos explica que, a pesar de que esta ley ya ha sido modificada y que ahora es más categórica, todas las leyes son objeto de interpretación, lo que puede llevar a absurdos cuando los criterios de los jueces no coinciden con los criterios del legislador.
“Existe un área del derecho conocida como la interpretación de la norma. Si bien existen varias reglas de interpretación hay dos que son súper ejemplificadoras de lo que puede generar la falta de criterio en su aplicación: estas son la interpretación restrictiva y la interpretación extensiva”.
En la antigua roma imperaba una ley que prohibía el derramamiento de sangre en las plazas públicas. ¿Cómo interpretamos esa norma? ¿Podríamos sancionar a alguien por tener una hemorragia en medio de un paseo o un accidente fatal en medio de la plaza? Pues no, lo que se debe a que según el momento histórico en el que la ley impera, podremos comprender cuales son las intensiones del legislador, las que seguramente hablaban de prohibir riñas ni escándalos entre gladiadores en medio de los espacios públicos. Esta interpretación de la ley, es según Rocío, una interpretación restrictiva, ya que la lectura de esta se limita sólo a lo que la normativa esperaba regular, y no a una hemorragia pública.
En cambio, cuando al entrar a recintos privados vemos la normativa que evita nuestro ingreso con mascotas, y la señal trae la imagen de un perro y un gato ¿Cómo interpretamos esta normativa? ¿Acaso sólo podemos entrar sin perros ni gatos, pero si acompañados de un elefante? No, ya que esta interpretación es extensiva, es decir abarca más casos que los que el mismo legislador buscó regular en un principio.
Lo mismo ocurre con nuestra gallina, pues podemos hacer un interpretación extensiva para comprender que si se menciona a gallinas, bestias o caballos, no sólo se habla de estos animales, sino que considera a ganados, numerosos y valiosos ejemplares, aunque en la ley no se especifique.
Finalmente, y luego de comprobar que la Ley de la Gallina fue sólo un mal rumor de pasillo, podemos hacer una reflexión. Las conductas humanas cambian día a día. Nacen conductas que, si bien son negativas, no se encuentran tipificadas por ser conductas nuevas, para lo cual se van creando nuevas figuras delictuales. Sin embargo, es difícil modificar mensualmente nuestros códigos, por lo que, para suerte de algunos y desgracia de otros, todo queda bajo el criterio de nuestros jueces, quienes deben interpretar añejas y renovadas leyes para hacer justicia, aunque no siempre sea lo que ocurre en nuestro país.

Por Oriana Miranda

Por Catalina Gaete
Un país cargado de desilusión que aún alberga esperanzas de superación

Chile, el “jaguar de Latinoamérica”, es un país con más de dieciséis millones de habitantes, extendidos en una larga y angosta faja de tierra. Organizado bajo un régimen democrático y con un sistema neoliberal imperando en la economía; un sistema que nos acercó al 6% de crecimiento, durante el año 2004, impulsado principalmente por los altos precios del cobre y otras exportaciones. Así se nos ha dado esta mítica designación felina en Sudamérica, pero que esconde serias desigualdades en la distribución de ingresos y en la conformación social.

Mientras crecíamos a pasos agigantados y los rostros de empresarios y exportadores esbozaban amplias sonrisas, las remuneraciones de los empleados y trabajadores no aumentaban –a pesar de la bonanza económica- posicionando a Chile como una de las economías más desiguales del mundo, según el índice de Gini, el cual mide las distribuciones de ingresos en cada país con una nota de cero a cien. Cero indica una sociedad totalmente igualitaria y cien una de extrema desigualdad. Chile está ubicado en un coeficiente 58, el segundo país más desigual en Latinoamérica, sólo después de Brasil (59).

Nuestra sociedad está segmentada en una escala socioeconómica que nos ubica según nuestras propiedades, estudios y profesiones, viendo la pobreza absoluta en el extremo inferior, la amplia y conocida clase media, precisamente, en la mitad y las adineradas clases altas en el extremo superior.

Este panorama de desigualdad social se ve acrecentado en periodos como el que hoy vivimos. Estamos ante una crisis que ya ha declarado a la economía estadounidense en recesión, con serias consecuencias –hoy y en años venideros- para los países que dependen de ella. Chile depende de esta resentida economía y la crisis nos ha otorgado una inflación que bordea el 9% anual. Las empresas exportadoras que tenían a Estados Unidos como principal comprador, han disminuido sus logros comerciales, traduciendo esto en despidos masivos de trabajadores. Es decir, ya no sólo las empresas tienen menos utilidades –por lo tanto remuneraciones más frágiles- sino que, como “solución”, despiden a sus trabajadores en medio de la crisis económica.


Ante esto, ¿podemos preguntarnos por el concepto de Movilidad Social? Concepto que se relaciona a la igualdad de oportunidades, en el sentido de que todos los individuos, independientemente de su herencia social -por ejemplo el ingreso o la educación de sus padres- tengan las mismas probabilidades, en correspondencia a su esfuerzo, para alcanzar sus objetivos. Si bien, Chile es uno de los países con mayor desigualdad, también es uno de los pocos países en Sudamérica con altas cifras de movilidad social.

Definitivamente, estamos lejos de las sociedades feudales, fuertemente estamentadas, donde nacer mendigo o burgués, significaba morir de la misma forma; ni hablar de superación o emprendimiento para los hijos o los nietos. Esas lejanas realidades se ven reflejadas en nuestra sociedad, con lo que hoy conocemos como movilidad social, la cual no se mide de un año a otro, sino que es un estudio generacional. Los quintiles, índices que segmentan a los hogares chilenos por ingresos per cápita, serán la forma de evidenciar la movilidad social: si una familia se mantiene en un mismo quintil, durante más de diez años, podremos concluir que no ha habido movilidad social. Si se asciende o desciende en esta escala, el proceso de movilidad se está llevando a cabo en nuestra sociedad.

Aunque para algunos cueste entenderlo y si bien es un trabajo difícil, lleno de sueños y perseverancia, los chilenos podemos ascender socialmente, incluso cuando las condiciones no nos favorecen y el futuro es poco auspicioso.

En efecto, según la encuesta social CASEN, un 54,84% de los pobres de 1996 no son pobres en el 2001, y el 11,36% de los que no son pobres en el 1996 son pobres el 2001. Este resultado indica que existe un grupo importante en torno a la línea de la pobreza que es altamente vulnerable. Es decir, hay movilidad social tanto hacia adentro como también hacia fuera de la pobreza. La dinámica descrita se ve reflejada en la disminución del porcentaje de pobres a nivel global entre el período evaluado: de 22,36% en 1996 a 18,92% en el 2001.

Entonces, la movilidad social en Chile sí existe. Algo que podemos evidenciar no sólo a través de cifras y estudios, sino que con ejemplos cotidianos y cercanos a nuestras propias realidades. Victoria Salgado es un ejemplo de esos que inspiran a creer en esta posibilidad. Una consultora y conferencista internacional proveniente del extremo inferior de la escala socioeconómica, que sin estudios ni títulos ni postgrados, enseña y entrega sus habilidades a empresarios y gerentes del mundo. Un ejemplo que logra constatar que la movilidad social en Chile es un trabajo difícil, donde las oportunidades no se encuentran: se buscan. Sólo así se logra la superación de la desigualdad; con esfuerzo, autosuficiencia, independencia, seguridad y el más puro espíritu emprendedor.

Los vacíos legales que permiten a supermercados despojarse de nuestra seguridad

Por Catalina Gaete
Es fin de mes, y los supermercados con mayor participación comercial en nuestro país – Jumbo, Lider, Santa Isabel y Unimarc, entre otros- se llenan de personas manejando un pequeño, pero desbordante carro de mercadería. Los estacionamientos, que antes eran la plataforma perfecta para un aprendiz de conductor, ahora se vuelven intransitables. Cada fin de mes presenciamos este panorama. Sin embargo, durante el resto de los días, estos supermercados cuentan con 150 millones de clientes al año, aproximadamente.
Es incuestionable la efectividad de este creciente mercado y de estas compañías, las que han desplazando las tiendas y pequeños almacenes de barrio, con su amplia gama de variados productos, promociones y ofertas.
Los lugares donde comprar mercadería para el hogar ya no se encuentran en las esquinas de nuestros casas como lo era, en gran parte del país, hasta fines de la década de los setenta. Ahora, los pequeños almacenes son grandes distribuidoras que se han alejado de los vecinos para establecerse en posiciones estratégicas donde captar más consumidores. En esta característica de los supermercados radica la importancia de los estacionamientos; un “supuesto servicio complementario” que, inferíamos gracias a la publicidad que los promocionan, eran parte de la transacción comercial hecha dentro del local.
Eso es algo que, entre tanto cliente diario, se entendía y se infería como tal. Por esto a nosotros, como clientes también, nos sorprendían los carteles que anunciaban que “Supermercados Jumbo –por ejemplo- no se harán responsables por robos o pérdidas dentro de los estacionamientos”. Mayor fue nuestra sorpresa al comprobar que estos carteles no mentían.
Efectivamente, la ley del consumidor no es explícita en cuanto a esta responsabilidad de las instituciones prestadoras de servicio. Ninguna de sus cláusulas o artículos especifican cómo y qué hacer ante una pérdida o un robo en un estacionamiento o al interior de algún local comercial. La ley no logró esclarecer este misterio, por lo que recurrimos al mismo Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC).
Viviana Morales es asesora, a nivel comunal, del SERNAC. En su oficina de atención a consumidores, ubicada en la comuna de Las Condes, nos cuenta sobre esta supuesta responsabilidad de los supermercados ante robos o pérdidas; responsabilidad que socialmente era algo obvio y seguro, pero que no se ha plasmado en la legalidad.
“La ley del consumidor, en su primer capítulo señala que, dentro de los derechos de los consumidores, hay algo que podría interpretarse relacionado con la responsabilidad de los establecimientos ante estas situaciones: el derecho de seguridad en el consumo”, declara Viviana Morales. Es decir, y como primera aclaración, no existe nada especificado en cuanto a este tema; todo está en manos de una interpretación de la ley. “Se puede entender que este artículo incluye la seguridad en el establecimiento, pero es algo que no está claro, tampoco. Si a mi me asaltan en el supermercado, generalmente el supermercado no va a responder, aunque hayan guardias o cámaras de vigilancia, ya que el establecimiento diga que éstos son para seguridad del mismo local, y no para seguridad de los consumidores”, asegura esta asesora de SERNAC.
Entonces, si la ley debe ser interpretada, ¿Qué organismo o entidad está encargada de la interpretación de la ley? Pues, la justicia. “Los derechos se ejercen en los tribunales. La ley del consumidor no considera delitos, sino que infracciones. Si un consumidor declara en los juzgados de policía local empleando el término robo, ya constituye una denuncia mal planteada”, asegura Viviana Morales.
Ante la ausencia de una ley más clara y específica en torno a este tema, queda bajo los criterios de los jueces encargados de cada caso la decisión que constituiría o no a los estacionamientos como parte del servicio otorgado por supermercados a sus cientos de consumidores, los que al fin y al cabo, sí efectúan una transacción comercial y deben considerarse como una prestación de servicios.
Pero antes de que uno de estos casos llegue en manos de los tribunales, el paso obvio e ineludible es denunciar. “Hay que reclamar y denunciar, ya que es la única manera de tomar acciones, a nivel de consumidor, y acciones a nivel legal. Por lo tanto se debe reclamar. Si no resulta el reclamo ante el establecimiento, ir a tribunales y aducir que se entiende a los estacionamientos como parte del servicio que prestan los supermercados, pero debe hacerse en tribunales, no en las oficinas del SERNAC”, es la sugerencia que hace Viviana Morales a los consumidores que se vean involucrados en una situación como esta.
Así es. SERNAC es un organismo que cumple la función de orientar, informar, educar y mediar ante un conflicto. “Para que una mediación resulte, se necesita el acuerdo de las dos partes involucradas. Si una de las partes dice que no, es no”.
Efectivamente y como hemos comprobado, los carteles presentes en cada estacionamiento de supermercados, que desligan a estas empresas de algún compromiso para con el consumidor, no estaban lejos de la verdad. Un robo es un delito, lo cual no es considerado por la Ley del Consumidor y ante la ausencia de normas explícitas en torno al tema, estas empresas pueden desvincularse de su responsabilidad asegurando, simplemente, que no era parte del servicio.
Por esto Viviana Morales invita a informarse con SERNAC. A enfrentar una denuncia de este tipo de una forma correcta –por medio del argumento de una mala prestación de servicios- y evitando mencionar que se ha cometido un delito. El SERNAC mediará con el departamento de seguridad del supermercado, gerencia etc., y eventualmente otorgará apoyo legal al consumidor demandante; eventualmente, pues según Viviana Morales, el personal no es suficiente para representarlos a todos.
Sin embargo, las denuncias de este tipo han aumentado, ya que día a día los jueces han flexibilizado sus criterios en torno a los servicios que componen un supermercado. “Antes no existían sentencias que le dieran la razón al consumidor. Ahora hay. Pero todo parte del él, quien debe venir a recibir orientación a SERNAC, organismo que no puede jugar un rol más determinante que el que ya ostenta”.
Esperamos que estas ausencias legales se solucionen antes de que los supermercados acuerden nuevas estrategias para evitar asumir sus responsabilidades con los consumidores, como las que se han aplicado en Malls de la zona oriente, que han comenzado a cobrar sus estacionamientos, solucionando el problema de manera legítima, acorde a la Ley del Consumidor, pero que afectaría a nuestros ya adoloridos bolsillos después de unas cuantas compras.

las weas shuper shociales van aki xD